Mediante un panfleto el cual contiene una foto y el nombre de Héctor Marino Carabalí, destacado dirigente de la Marcha Patriótica, el grupo paramilitar denominado Águilas Negras lo declara objetivo militar y le pone precio de $4.000.000 a quien lo asesine. Esta nueva amenaza se suma a la que en días anteriores recibió Oscar Salazar, miembro de la Junta patriótica y vocero nacional de la Cumbre Agraria, la cual amenaza de muerte a toda la Marcha Patriótica Cauca.

Ante esta situación defensores de derechos humanos han denunciado con claridad el sistemático exterminio al que está siendo sometido este movimiento político que nació levantando las banderas de la solución política y negociada al conflicto social armado, pero que el gobierno colombiano intenta enmascarar bajo el argumento de que se tratan de hechos aislados.

En el mes de noviembre, la Marcha Patriótica presentó al gobierno colombiano un documento que contiene 5 puntos concretos para que cese el exterminio y se proteja a sus integrantes: 1. Implementación de los acuerdos de La Habana, 2. Legitimación política de la Marcha Patriótica como una campaña efectiva para combatir la estigmatización a la que ha estado sometido este movimiento político y social, 3. Un programa especial para la protección, 4. Concentración de todos los casos de asesinatos y de otras agresiones a la Marcha Patriótica, en dos unidades de la fiscalía y 5. "Construcción de un sistema de incentivos y sanciones para los comandantes militares y de policía, así como a los responsables de la seguridad y convivencia en las entidades territoriales"1, pero hasta ahora el establecimiento se niega a implementar estas propuestas concretas.

Para Deivin Hurtado, coordinador departamental de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, lo que viene sucediendo en el Cauca "es una clara muestra de terror para acabar físicamente con la Marcha Patriótica. ya nos han matado a 126 compañeros, todos hasta ahora en total impunidad".

Frente a este tipo de sucesos, Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, ha manifestado su gran preocupación por el uso político que se le viene dando a los acuerdos, dilatando la implementación concreta de los mismos.

Esta realidad demuestra la urgente necesidad que tiene Colombia de que se implementen a cabalidad y definitivamente todos los acuerdos logrados en La Habana para salvaguardar el derecho a la vida, la integridad de quienes hacen política y dedican su vida a organizar a las comunidades en torno a la construcción de paz con justicia social y la defensa de sus derechos.

[1]https://www.marchapatriotica.org/index.php/somos-marcha-patriotica-2/230-comunicados/3573-medidas-de-proteccion-urgente-al-movimiento-social-y-politico-marcha-patriotica