Tal es el caso de la ley 160 de 1994, que dio por vez primera la posibilidad de que este sector de la sociedad, tuviera una manera propia de organización social y política en sus territorios; las zonas de reserva campesina.

Esta ley que deja entre ver algunas aspiraciones del campesinado, también muestra el avance del Estado por continuar en su propósito de acabar con estos, con mecanismos como las zonas de desarrollo rural, en la que tienden a proletizar a quienes a lo largo de la historia se mantienen dueños del medio de producción: la tierra.

Han sido largos años de lucha, de disputa política por el reconocimiento de los derechos campesinos, por la inclusión de estos como parte esencial de la vida política, económica y social del país: la inclusión de estos como sujetos de derechos en las leyes, el reconocimiento de la ecónoma campesina como eje diferente a la economía capitalista y el territorio y la territorialidad como proceso social democrático en sus regiones, son algunos aspectos que dejan ver sus aspiraciones

Aunque la problemática del campesinado en nuestro País es una muestra del avance del capital a nivel internacional por acabar con este importante sector. Ante ello, la vía campesina, organización internacional que ha logrado articular las luchas en cada país, hasta el punto de lograr que en la ONU se reconozcan los derechos de los campesinos tal como lo expresan en el 2013[1], en un articulado de más de diez puntos que contienen los siguientes ejes; "a. que es un campesino, b. sus derechos, c. derecho a la vida y nivel adecuado, d. derechos a la tierra y el territorio, e. derechos a las semillas y al saber y la práctica profesional, f. derecho a medio de producción agrícola, g. derechos la información, h. Libertad para determinar el precio y el mercado para la producción agrícola, i. Derecho a la protección de los valores en la agricultura, j. Derecho a la diversidad biológica, k. Libertad de asociación, de opinión y de expresión e l. Derecho al acceso a la justicia."

Aún faltan muchos aspectos para lograr un verdadero reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que inclusive así, haya algunos elementos estipulados por ley, los gobiernos de turno y sus asesores han torpedeado los procesos campesinos, como sucedió el año anterior con el documento del gerente nacional del INCODER donde expreso que las zonas de reserva campaña entran en un procesos de pausa, buscando retroceder las ganancias estas comunidades rurales.

Un necesario eje para que las comunidades comiencen a verse reconocidas son los puntos del territorio y territorialidad campesina. Luego de que la constitución Política de 1991 diera vía libre a los territorios indígenas y afro descendientes, al campesinado lo intento de acabar jurídica y políticamente, creando una serie de conflictos interétnicos que aún persisten, donde conglomerado de campesinos pasaron a ser indígenas por ley para acceder a los beneficios que como minorías étnicas les brinda el llamado Estado Social de Derecho.

El territorio y la territorialidad campesina es un paso fundamental en la consecución de sus derechos, en la medida que se reconoce su cultura, su manera de producir y subsistir, se reconoce que esa producción del espacio está íntimamente ligada a los sujetos que habitan en la tierra, como la manejan, como la preservan y que se diferencian sustancialmente de los territorios del capital, que estos no ven más allá de un cumulo de mercancías al que hay que sacarles ganancias así se destruya el medio ambiente, los ecosistemas y quienes pervivan allí.

Estas luchas por los derechos campesinos en Colombia tienen una organización que ha estado presente desde su nacimiento, abanderando y poniendo todo su potencial para conseguir este noble objetivo; la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO-, organización que agrupa diferentes asociaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

Durante décadas ha asumido en cada movilización social, por reivindicaciones de los trabajadores rurales, en cada escuela, en cada lucha, la necesidad de brindarle garantías esenciales a los campesinos, aunque estas acciones le haya costado por décadas la persecución, al punto de llegar a asesinar y encarcelar a sus líderes, solo por pensarse un modelo agrario diferente al establecido por las oligarquías colombianas.

[1] https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/A-HRC-WG-15-1-2_sp.pdf