ESTADO COLOMBIANO SE ENSAÑA CONTRA ORGANIZACIONES SOCIALES.

Mientras las conversaciones en la Habana Cuba avanzan para terminar en buenos términos y poder dar fin al conflicto armado y comenzar a solucionar las raíces que dieron orígenes al conflicto social, el Estado colombiano se ensaña contra las organizaciones sociales y políticas de izquierda.

La Juventud comunista colombiana, organización perteneciente al movimiento político y social marcha patriótica y quien ha denunciado 116 asesinatos de sus miembros desde su nacimiento, viene siendo víctima de una persecución sistemática. Cuando todavía no pasa el dolor y la indignación por el asesinato de unos de sus miembros, el joven Klaus Zapata, quien fue abaleado mientras jugaba un partido de futbol el 6 de marzo del presente año, las fuerzas del Estado persiguen e intiman a sus demás miembros.

Esta vez en un despliegue policial en la ciudad de Santa Marta miembros de la organización juvenil comunista, "Luis Fernando Sanchez, edil de la localidad, Rodrigo de Bastidas, Anabel Zúñiga Céspedes Responsable nacional de DDHH, ambos miembros de su Comité Central y Omar Gómez integrante del Comité Ejecutivo Central y responsable del frente de masas universitario", todos militantes del partido Unión patriótica fueron abordados por un cuerpo policial de la unidad antiterrorista.

Durante casi 40 minutos fueron requisados, fotografiados y retenidos por más de 20 miembros de la policía antiterrorista.

Mientras estos hechos se dan en nuestro País, en una denuncia pública de Wiliam Monsalve a través de su cuenta de facebook dio a conocer que en la noche del 24 de marzo "fue deportada en el aeropuerto de Ciudad de México, nuestra camarada miembro del Comité Ejecutivo Central de la JUCO, Cindy Pérez, responsable nacional de Juventud Trabajadora, cuando se desplazaba al IV Congreso Nacional de la Juventud Comunista de México". Según Monsalve luego "de una serie de vejámenes, interrogatorios y toda una ofensiva contra la integridad de nuestra camarada, resuelven deportarla sin ninguna explicación, su "único delito" es conocer a Miguel Ángel Beltrán y ser solidaria con la causa de su libertad."

Finalmente el miembro del ejecutivo nacional llama a "todas las organizaciones colombianas y del orden internacional a movilizarse contra esta política internacional de persecución contra las organizaciones sociales y populares. El gobierno de Juan Manuel Santos debe responder, no aceptamos esta indigno silencio ante nacionales, que luchamos por la paz con justicia social"