ACUERDOS DE PAZ Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD.

Por: Hubert Ballesteros Gómez- Prisionero Político.

Cárcel nacional la Picota septiembre de 2016.

El reciente Acuerdo de Paz suscrito en la Habana Cuba, entre los plenipotenciarios del Gobierno Colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, nos lleva de forma inevitable a pensarnos una nueva institucionalidad. La institucionalidad excluyente y antidemocrática de todo el periodo del conflicto, debe ceder ante el surgimiento de nuevas formas de relacionamiento; escenario necesario para alcanzar el fin supremo de la paz con justicia social, soberanía y democracia.

Las instituciones políticas, jurídicas y culturales, son la expresión de los intereses de la clase que domina la infraestructura (sistema económico). En un nuevo escenario que busca sentar las bases de la superación de las causas que dieron origen y persistencia al conflicto armado por más de cinco décadas, nuevas formas del quehacer económico, político y social se abrirán paso.

El contenido del acuerdo en cada uno de los puntos, plantea de forma muy clara los mecanismos y escenarios de la participación ciudadana y comunitaria en la implementación de lo acordado; es más, esta participación es obligatoria y no opcional en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para materializar lo consignado en el acuerdo. Algunos de estos, están ya establecidos en la constitución y la ley, otros deben pasar por su incorporación al ordenamiento jurídico para que sus decisiones tengan efectos vinculantes. En estos espacios, es donde la lucha política mostrará la dimensión de lo acordado como también saldrán a flote las diferencias e intereses de clase frente a la paz. Igualmente se mostrarán en la etapa de la implementación las aspiraciones de los de diversos grupos que buscaran posicionarse, bien sea por intereses políticos o económicos y corporativos de grupo.

Las organizaciones que expresan y representan los anhelos de los sectores populares; victimas sistemáticas del conflicto en su dimensión armada (Terrorismo de Estado), y de las políticas anti populares y antipatrióticas del régimen colombiano, deben acelerar la marcha para que lo que el gobierno ha venido en llamar " preparar los territorios para la paz", no resulte en una nueva frustración de los sectores menos favorecidos; pues no es ningún secreto que la apuesta política del establecimiento está del lado de la legitimación del régimen económico y político imperante, responsable de la violencia y la miseria del pueblo colombiano.

Las organizaciones campesinas, indígenas, de afrodecendientes, de víctimas del terrorismo de Estado, de estudiantes, de jóvenes, de ambientalistas, de la cultura, de los medios alternativos de comunicación, de la población LGBTI, de mujeres y todas aquellas que actúan desde el campo popular, deben entender este momento como irrepetible; los cambios en la política agropecuaria implícitos en la RRI, la diferenciación entre producción primaria, consumo y narcotráfico contendida en el acuerdo sobre el punto cuatro de la agenda, la apertura democrática acordada en el punto sobre participación política y lo concluido en el punto sobre víctimas y justicia, dentro de los cuales se pactó la activa participación de las comunidades, constituye para nosotros la oportunidad de avanzar en la construcción de las condiciones que nos permitirán allanar el camino hacia nuestros objetivos de largo aliento; Aunque también, y así lo piensa la oligarquía nacional y el imperialismo, es la oportunidad para reducir la verdadera oposición política y las propuestas alternativas de poder, a expresiones manejables que no amenacen el Estatus Quo y que por el contrario legitimen el régimen de la dictadura burguesa.

Depende entonces, de la iniciativa organizativa y política construida desde abajo, que lo alcanzado en la Habana, fruto del esfuerzo del movimiento popular y de miles de luchadores políticos que ofrendaron su vida en estos 52 años de confrontación armada redunden en la construcción de un nuevo país.