Contexto

La presencia de militantes sociales, mujeres y hombres que decidieron dedicar su vida a la lucha por la justicia social, a partir del tomar conciencia de la realidad del pueblo, las causas y los responsables, indudablemente sacude los cimientos de un sistema carcelario represivo, excluyente, en el que sus integrantes se lucran de los distintos negocios que han ido surgiendo, como el expendio de drogas y el control político y económico.

Esta oposición de intereses que se genera al interior de la prisión , resulta insoportable para el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y sus mafias. "los prisioneros políticos deben desaparecer"; Esta parece ser la principal consigna del establecimiento..

Las y los prisioneros políticos de guerra y de conciencia, leales a sus convicciones políticas han desarrollado mecanismos organizativos encaminados a transformar la realidad carcelaria, lo cual ha repercutido en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y las riñas, Generando un ambiente de convivencia en los patios..

La respuesta de los agentes del Estado ha sido la permanente persecución y la violación sistemática de sus derechos humanos y fundamentales; con las que buscan golpear su moral revolucionaria y degradarlos en su humanidad; como fue expresado en días anteriores por medio de un panfleto en la cárcel de Villahermosa en Cali (Valle del Cauca): "No nos importa que estén en procesos de paz, acá no hay presos políticos, acá hay son puros gamines". En la mayoría de las prisiones no hay patios exclusivos para las y los prisioneros políticos; los agrupan con presos sociales encarcelados por delitos comunes, buscando enfrentarlos en un choque de intereses.

Este atropello no solo sucede dentro de las cárceles, el sistema judicial también hace su parte. A este punto casi han desaparecido los delitos políticos en Colombia, habiendo sido aislados de las conductas punibles conexas a los delitos contra el orden constitucional, como son rebelión, sedición y asonada. Por ejemplo, una muerte legítima en combate, en el marco del conflicto, es catalogado como homicidio, buscando así darles penas más altas a los combatientes insurgentes.

La cárcel de San Isidro- Popayán, es una de las más crueles del país, por el régimen tan estricto que impone, por la mafia que opera dentro y la violación sistemática de los derechos humanos. Allí 'mezclan' a los prisioneros políticos con otros reclusos, como personas condenadas por delitos relacionados con el paramilitarismo, a fin de provocar enfrentamientos, poniendo en grave riesgo sus vidas e integridad física . Las denuncias, advertencias y alertas tempranas, no parecen ser atendidas por las directivas del INPEC ya que siguen ocurriendo como una práctica sistemática.

A partir de los diálogos de paz...

Desde que estos comenzaron hace más de 4 años, la persecución, la presión y los golpes a las y los prisioneros políticos no han cesado,. Además de las medidas ya mencionadas, la mayoría de los establecimientos no están agrupando a los prisioneros políticos con el argumento de que "no existe esa categoría", desconociendo los acuerdos de La Habana y los pronunciamientos del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo; en los que anuncia medidas humanitarias para los prisioneros políticos. Si bien desde las organizaciones defensoras de derechos humanos contamos con más herramientas para hacer exigible un trato digno para las personas privadas de la libertad por razones políticas, es claro que la situación en materia de salud no ha mejorado, que la concesión de indultos se ha frenado a pesar del cumplimiento de los requisitos legales y que la concreción de los patios especiales sigue sin darse.

¿Qué pasará con la Jurisdicción Especial para la Paz?

Frente a los ajustes que se estarían realizando a los acuerdos en La Habana luego del resultado en el plebiscito, la Jurisdicción Especial para la Paz no debería presentar cambios significativos; hay incertidumbre, como con todos los otros puntos, principalmente el punto 1sobre la Reforma Rural Integral y el 2 sobre participaci{on política. Es preocupante que las propuestas de los sectores que estuvieron por el NO, se enfocquen en la impunidad de los financiadores de la guerra y de quienes han sido los principales beneficiarios de ella,el. El objetivo implícito es que no quieren que se conozca la verdad de lo que sucedió tras la 'excusa' del conflicto armado. Si bien a la jurisdicción especial para la paz se le pueden hacer varias críticas, también se debe reconocer que es un modelo de justicia con el que se busca el reconocimiento de verdad y responsabilidad y con ello poder procesar las más de 6 millones de victimizaciones que han surgido a lo largo del conflicto armado, tarea que no ha sido realizada por ningún modelo de justicia transicional hasta el momento, ni siquiera por las cortes internacionales. Aun y con esto, algunos sectores, principalmente el encabezado por el senador Alvaro Uribe Velez, pretenden que el modelo a implementar sea la fracasada ley de justicia y paz, que además de no haber satisfecho los derechos de las víctimas, ha emitido solo treinta sentencias en once años, según lo expuesto por el abogado asesor de la delegación de paz de las FARC-EP Enrique Santiago. Esto nos lleva a afirmar que existe una enorme necesidad de generar un modelo de justicia, ya sea el de Jurisdicción Especial para la Paz o por lo menos uno muy similar a este, que brinde seguridad jurídica y que además de satisfacer los derechos de las victimas pueda asegurar el reconocimiento del delito político. Resta esperar a ver qué se acuerda ahora.

Con la Paz, ¿resurgen los delitos políticos?

Como se ha afirmado, viene dándose un proceso de desaparición del delito político, a la par del incremento de las penas. Sucede que con la ola de ex prisioneros políticos que han sido presidentes en Latinoamérica (Hugo Chávez, Dilma Rousseff, Pepe Mujica), el temor del Establecimiento colombiano hacia estos ha aumentado. Se ha buscado desdibujar al delincuente político; golpear la imagen de aquel que intenta cambiar el orden establecido, combatiéndolo ideológicamente y haciéndolo ver como un agente del terror,ya no combate al Ejército por pensarse un país distinto, sino para atemorizar, algo que resulta absurdo ya que desconoce las motivaciones políticas que históricamente han caracterizado al ejercicio de la rebelión.

En el punto de víctimas de los acuerdos, donde se establece un trato diferenciado para el delito de rebelión y sus conexos y se deja clara la diferencia entre delito político y delito común, se vislumbra la recuperación del delito por razones políticas en Colombia legitimando así el derecho a la oposición..

La amnistía, ¿para cuándo?

según lo hasta ahora acordado, la la Ley de Amnistía se podría tramitar bajo el procedimiento de 'fast track', mecanismo expedito de aprobación para las leyes surgidas de los acuerdos de La Habana; a través de este, en

un término aproximado de 4 semanas, a partir del inicio del trámite, podria empezar a regir esta ley fundamental para la implementación de los acuerdos en general..

Existen varias formas para acceder a la amnistía, la primera de ellas está contemplada en la ley 418 de 1997 que establece que se podrán conceder indultos a las personas que se encuentren condenadas por el delito de rebelión y conexos, en virtud de esta desde la Coalición Larga Vida a las Mariposas solicitamos desde el pasado 15 de octubre la concesión de esta medida para las personas que cumplan el citado requisito; la segunda se encuentra en el acuerdo final, donde se contempla un listado de delitos que se consideran conexos al delito político y que podrían ser amnistiados en virtud de una figura denominada "amnistia de iure"; la tercera hace referencia a los criterios de conexidad establecidos en el numeral 39 del acuerdo de victimas que señala que se tendrán como delitos conexos al delitos político (y por tanto podrán ser amnistiados por la sala de amnsitia e indulto) los delitos que se hayan cometido con el propósito de financiar o apoyar el ejercicio de la rebelión, los que sean producto de acciones dirigidas contra el Estado o sus instituciones y los delitos que surjan como consecuencia del desarrollo de la rebelión y que se encuentren en el marco de las reglas establecidas por el derecho internacional humanitario.

Se está poniendo fin al conflicto más elevado, el que implica el uso de las armas y la violencia; queda por resolverse el conflicto político, económico y social, que es a lo que ha apuntado siempre la lucha de las y los pobres en colombia.