Aunque el método cambio, de la confrontación armada a la solución política, el objetivo del régimen colombiano no ha variado: fortalecer el modelo económico que excluye a la mayoría de la población y blindar el sistema político, que garantiza que se mantengan los intereses del capital nacional e internacional en todas las esferas de la economía, son y seguirán siendo sus objetivos.

Una de nuestras mayores equivocaciones actuales, sería la de creer que la burguesía colombiana tiene voluntad de paz; al menos, no de esa paz que soñamos la mayoría de los colombianos. Otro error en el que no debemos caer, es el de pensar que las fisuras que hoy se notan en el régimen, son contradicciones antagónicas y que los llevarán a una ruptura. Uribistas y Santistas comparten intereses de clase, que los hacen unir para defenderlos de cualquier otra clase o sector que los esté amenazando.

La sociedad colombiana frente a la paz, podríamos dividirla en tres grandes franjas: una inmensa mayoría de colombianos y colombianas que son indiferentes al proceso, al considerar, por falta de conocimiento sobre los cuerdos o por otras razones, que lo acordado en la Habana, no cambiará en nada su cotidianidad. Este grupo, podríamos decir son los abstencionistas del pasado 2 de octubre; casi un 70% de la población apta para votar.

Una segunda franja de población, pequeña pero con mucho poder económico y político, y además con acceso preferencial a los grandes medios de comunicación, (la burguesía) que se encuentra representada de forma mayoritaria en el Congreso, en las Altas Cortes y en todas las esferas del gobierno. Precisamente dónde se refrendarán e implementarán los acuerdos.

Una tercera, los sectores populares organizados, que si bien representan una amplia franja de la población, aquella que más ha padecido el conflicto en todas sus dimensiones; y que ha buscado de forma insistente el fin de la confrontación, mediante una salida política, no están representada, o al menos no de forma importante en el Congreso de la Republica ni en el Gobierno. Tiene uno entonces derecho a dudar, sobre el sentido en que puedan ser implementados; con voluntad de cambio, o buscando mantener el Statu quo. He ahí el dilema y el reto al que nos enfrentamos.

¿Cuál debe ser entonces el camino o el comportamiento de las organizaciones populares en el pos-acuerdo y el pos-conflicto de cara a la implementación de lo acordado en la Habana Cuba? Confiar en que el gobierno interpreta y representa los anhelos de cambio del pueblo colombiano sería la peor ingenuidad del mundo. Creer que la ultraderecha finalmente aceptará y se resignará a una implementación que lesiona sus intereses económicos y el sistema político excluyente sobre el que se edificó la república, conducirá a los colombianos a una nueva frustración.

Las voces que se escuchan en el Congreso de la República, y que plantean la intención, de proponer modificaciones al acuerdo en la etapa de implementación, no auguran una transición de la guerra a la paz, donde la reconciliación de los colombianos, sea el objetivo. Por el contrario, el régimen buscará en la implementación, asegurar, que los privilegios de que ha gozado la clase política, se mantengan intactos.

El Congreso, las Cortes y el Ejecutivo, impulsarán, unas veces abierta y otras de forma soterrada, iniciativas para introducir cambios en los acuerdos, de tal manera que garanticen que nada cambie. La lucha política que se avecina no será nada fácil. Los sectores populares organizados, deben desarrollar una amplia e intensiva actividad política, para despertar del letargo esa inmensa mayoría de colombianos y colombianas que no creen en éste sistema político.

La posibilidad cierta de que no haya repetición del conflicto, está en la organización popular y en la lucha que desarrolle; lucha que debe convocar la más amplia unidad, de quienes han puesto todo, en favor de la paz con justicia social.