Tras días de debates en su seno, la Corte finalmente aprobó este acto legislativo constitucional que va a acortar los tiempos de aprobación por parte del Congreso de las medidas que exige la paz y va a limitar su injerencia en los mismos, ya que solo debe limitarse a aprobar o no proyectos ya acabados en la mesa de La Habana. De esta manera, se protege lo pactado, se acelera la aplicación de reformas urgentes y la aprobación de nuevas leyes para la implementación y se evita el uso y manipulación del proceso de paz en el segundo semestre de 2017, cuando comenzarán las campañas electorales para senadores y representantes.

La vía rápida reduce a la mitad la cantidad de debates que se necesitan para ser aprobadas las reformas constitucionales y las nuevas leyes. Por tanto, se espera se realicen las primeras en cuatro debates en vez de ocho, y las segundas en dos, en vez de en cuatro.

La primera medida que debe sacar adelante el Gobierno a fin de dar seguridad jurídica a las y los integrantes de las FARC-EP, son las leyes de indulto y amnistía, sin las cuales no pueden desmovilizarse dar su paso de insurgencia en armas a partido político. Esto también tocaría a las y los miles de presos políticos que hay en Colombia.

A su vez, son prioritarias: la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz la cual determinará las penas que le toquen a los distintos actores del conflicto; la creación de la unidad para la investigación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, la cual será parte de la Fiscalía; y la incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción de estructuras paramilitares.

Todas las reformas y leyes necesarias para alcanzar la paz estable y duradera, se encuentran organizadas en paquetes, según sus niveles de prioridad y tiempos de implementación, los cuales irán siendo aprobados (o no) por el Congreso a lo largo de los próximos meses.