"Y también nos hemos preguntado cuál es la paz que sueñan los campesinos en el surco bajo la lluvia o bajo el sol; cómo conciben la paz los seis millones de desplazados por la violencia, los pueblos indígenas, las comunidades negras, los desempleados y los pobres en las ciudades, cómo se imaginan la paz los jóvenes, las mujeres y tanta gente que deambula por ahí sin esperanza... y entonces pensamos en los 30 millones de pobres, en la desigualdad y en la miseria que debiéramos superar"

Hace ya casi cuatro años que el gobierno de Colombia y las FARC EP se sentaron a dialogar sobre la necesidad de buscar soluciones políticas al conflicto social armado que atraviesa el país en un intento por construir escenarios posibles que permitan enrutarse hacia la anhelada paz. Sin embargo hoy vemos que sectores de ultraderecha, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez investigado por nexos con el paramilitarismo y conocido en EEUU como el narcotraficante #83, se encuentran en desacuerdo con este proceso.

Vimos con terror como las estructuras paramilitares que se suponen estaban desmovilizadas desde hace años, siguen operando a lo largo y ancho de la nación, inclusive exportando su accionar político-delictivo a otros países. Llamaron a un paro armado en el mes de marzo, en el que obstruyeron la libre locomoción en municipios del noroccidente del país, cometieron asesinatos, intimidación y terrorismo. Dos días después Uribe y sus seguidores convocaron a una marcha en contra del proceso de paz. Estos dos hechos no están aislados, demuestran como el narcoparamilitarismo infiltrado en las instituciones estatales y en la política del país, se están pronunciando a favor de la guerra.

Las constantes amenazas y el asesinato sistemático de líderes populares en los últimos meses han alarmado a las organizaciones sociales y populares. Mientras el gobierno se compromete con una apertura democrática y de participación política, la realidad social del país nos muestra represión continúa a sectores alternativos de izquierda. Los grupos paramilitares se fortalecen, con la complacencia estatal, en algunos departamentos del país como: Antioquia, Chocó, Meta, Norte de Santander, Cauca, Casanare, en la parte fronteriza con Venezuela, Guaviare, El Cesar, La guajira, Valle del Cauca, en Putumayo y Caquetá. Operan en grupos de civil, en complicidad con las fuerzas armadas.

Cuesta creer que existe una voluntad real del gobierno en la construcción de una paz estable y duradera, pues no se mira que se tomen las medidas para el desmonte del paramilitarismo. Nada se hace en contra de la cultura que legitima el accionar paramilitar. No hay ni una campaña que intente visibilizar la atrocidad desatada por el para militarismo y que reconozca la complicidad del Estado en estos actos brutales contra indefensos ciudadanos.

¿A quién no le conviene la paz? ¿Porque Uribe y sectores de ultraderecha les preocupa tanto que se firmen las negociaciones que se llevan a cabo en la habana? Tengamos en cuenta que la paz sin el desmonte del paramilitarismo no es posible; y que esto está consignado en el ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. ¿Cómo garantizar la verdad, reparación y no repetición de los actos violentos que hacen que haya centenares de víctimas en el país si no se acaba con el paramilitarismo? Este y muchos más interrogantes surgen teniendo en cuenta que este fenómeno atraviesa todos los puntos que se abordan en la habana.

La firma inmediata de los diálogos de la Habana no es posible si no hay gestos reales de desmonte de todas las estructuras armadas ilegales al servicio del Estado. En este momento, en la Habana, se trata de dilucidar de la mejor manera la resolución estos asuntos.

Hasta el momento lo que hemos visto es que el paramilitarismo se está fortaleciendo y reactivando. Así no es posible pasar a un pos-acuerdo que nos lleve a la construcción del país soberano y en paz que soñamos los colombianos.