El Estado colombiano en su afán de eliminar todo tipo de contendor político ha venido intentando desarticular el movimiento social y popular. Durante décadas y mediante diferentes maneras ha promovido la estigmatización, exterminio y cooptación de las organizaciones que lucha por un cambio social.

Es así, que mediante el método de cooptar han logrado que líderes sindicalistas de antiguas organizaciones clasistas entren en el juego del mercado del capital bajo modalidades asociativas de tipo corporativista, perdiendo los principios verdaderos del sindicato, convirtiéndose en administradores de los recursos estatales, pasando a ser los nuevos patronos de los trabajadores que agencian el engranaje privatizador neoliberal.

Otra manera como el encarcelamiento de líderes sociales ha estado a la orden del dia que mediante montajes judiciales han llevado a poner tras las rejas a dirigentes campesinos. Tan solo un caso que ha generado el repudio a nivel nacional e internacional es el del vocero de los campesinos Hubert Ballesteros, detenido durante el paro nacional del 2013 con el fin de disminuir fuerza a la avanzada social que las organizaciones impusieron por esas fechas. Este ejemplar caso del terrorismo de Estado que viene operando en nuestro País está enmarcado en la persecución a organizaciones que tienen una gran base social y que en momentos coyunturales han puesto en riesgo las grandes ganancias del capital nacional e internacional.

Organizaciones como FENSUAGRO que aglutinan sindicatos y asociaciones de base están puestas en la mira de la clase en el poder. Esta organización de segundo nivel han tenido a lo largo de la historia gran capacidad de movilización y articulación de los trabajadores rurales: han sido la que por años ha movido un número importante de comunidades, las que han luchado firmemente por brindar garantías a los trabajadores y que por ello, son un organización que el establecimiento busca por todas las maneras eliminar.

El caso de FENSUAGRO en las luchas campesinas ha sido ejemplo a seguir en todo el territorio nacional: las tomas de tierras y a instituciones y los bloqueos a la panamericana, como mecanismo de presión al Estado colombiano para que este brinde garantías a la vida digna, han sido una barrera para quienes ostentan el poder.

La disputa ideológica que el Estado ha venido impulsando sigue vigente. Mediante la inyección de actitudes corporativistas, revisionistas y oportunistas al interior de las organizaciones, el establecimiento ha venido actuando en aras de neutralizar las posiciones clasistas que las comunidades han mantenido, como el caso de organizaciones que han cedido su lucha política por la administración de recursos estatales y quienes no ceden sus coherentes posturas les ha deparado la muerte, estigmatización, cooptación, persecución y encarcelamiento

Un departamento como el Cauca viene siendo objetivo estratégico de la institucionalidad para acabar con las organizaciones sociales y populares. El conflicto social y armado que vive este territorio al suroccidente colombiano ha propiciado como consecuencia, organizaciones fuertes y con capacidad de movilización sólida para exigir derechos que a lo largo de la historia se les ha negado.

Y no puede ser de otra manera que intensificando la organización, la unidad y la lucha, que las comunidades podrán afrontar el reto de vencer un aparato estatal contrainsurgente. Que mediante la construcción de una base social fuerte, decidida y una dirección coherente y consecuente, se piensen un verdadero cambio, sin caer en el juego del mercado del capital. Esta será la única manera de lograr quitarle potencia a la clase en el poder y aumentar nuestra fuerza para disputar el poder político del Estado.