La Ley 135 de 1961 promovida por el gobierno de Carlos
Lleras Restrepo, aunque tenía un carácter reformista, trato de superar las
debilidades que tuvo la Ley de tierras (ley 200/36). Estableció como propósitos
nodales la supresión del minifundio y del latifundio, la modificación del
régimen de tenencia y uso, la tecnificación de la producción agrícola, el uso
adecuado según el suelo, el cultivo y la región y la defensa de los recursos
naturales (agua y bosque). Decide la creación del INCORA como entidad central
de la Reforma Agraría, dotada de importantes medios técnicos, financieros y
administrativos.
No obstante, en
su puesta en marcha se hizo evidente la fragilidad de la Ley y sus debilidades
sirvieron para que comenzara una campaña de desprestigio contra la reforma
agraria y contra el instituto que tenía a su cargo su implementación; uno de
los argumentos que se plantearon de forma permanente fuel el de crear pobres
con tierra.
Es importante señalar también que durante esta época se dieron profundas transformaciones
en el modelo de producción agraria; la Reforma Agraría al interior de la
frontera agrícola se cambió por las colonizaciones desordenadas propiciadas por
el Pacto de Chicoral (Gobierno de Misael Pastrana), la política de sustitución
de importaciones fue abandonada por el gobierno de Alfonso López, haciendo cada
vez menos operativo el INCORA y más difícil la rentabilidad de la producción
agropecuaria.
La nueva política dejo al instituto como labor fundamental, la de titular
Baldíos de la nación a los colonos, desmontando de él, la labor integral de
Reforma Agraría y Desarrollo Rural Campesino con que había nacido.
Muchos analistas se preguntan desde entonces sobre las
razones del desmoronamiento de la reforma Agraria, no obstante haberse
presentado en algunas regiones de tradicional organización política campesina
avances en asignación y adecuación de tierras.
Las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, fueron de constante lucha entre
quienes defendemos la necesidad de una Reforma Agraría integral y los
partidarios de que todo se dejé al mecanismo del libre mercado. El mercado de
tierras y las alianzas estratégicas productivas propuestas por el "sultán"
Carlos Murgas Guerrero, para entonces Ministro de Agricultura y gran empresario
palmero, pusieron al campesinado en alerta sobre los objetivos del modelo en
materia de agricultura. Las leyes 35/82 y 160/94, dan cuenta de la arremetida
contra la política redistributiva de la tierra y especialmente contra el
instituto, buscando su desmantelamiento dentro de la lógica neoliberal de
achicar la intervención del Estado y dejarle todo a la "iniciativa privada".
Lo que no lograron los gobiernos de Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Ernesto
Samper y Andrés Pastrana, lo hizo Álvaro Uribe, quien en una perversa combinación
de terror y política, reduce la capacidad de respuesta del movimiento campesino
y popular y acaba de un plumazo, con una entidad como el INCORA que llevaba más
de 40 años al servicio de las comunidades rurales. Lo que surge después como
INCODER, es la fusión de la liquidación de todas las entidades del sector
agropecuario que habían sobrevivido a la "restructuración" efectuada en
gobiernos anteriores en las que desaparecieron por decisión del gobierno la
Caja Agraria y el Idema.
La liquidación del Incoder en pleno proceso de paz y
el consecuente despido masivo de sus funcionarios, pone fin a toda una etapa en
la que la alianza entre campesinos y trabajadores logro dotar de tierras y de
condiciones productivas a miles de familias campesinas, Indígenas y de
afrodecendientes. Unidad, que fue más allá de objetivos gremiales,
consolidándose como escenario de formación y convergencia política para luchar
por un modelo de desarrollo rural incluyente de la economía campesina y
parcelaría. También supone el abandono del Estado de su responsabilidad con el
campesinado, decisión que va en contravía de lo pactado en los puntos uno y
cuatro de la agenda de negociación de la Habana Cuba.
